El pasado jueves día 22 el Pleno Municipal de Terrassa aprobó definitivamente un nuevo modelo de gestión pública del agua en Terrassa. De este modo Terrassa se convierte en la primera gran ciudad en Catalunya y en España, después de Valladolid, que recupera la gestión pública del agua, después de 75 años de gestión privada.

El agua es un elemento esencial para el desarrollo natural y social sostenible.
En Terrassa En Comú entendemos el agua en el ámbito municipal como un recurso que al servicio del común juega un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

Hoy el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa aprobará un nuevo modelo de gestión pública para el servicio de abasto del agua de la ciudad. Se trata de un hecho muy relevante, puesto que durante 75 años este servicio ha sido gestionado por una misma empresa privada.

El pasado jueves el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa aprobó el dictamen definitivo de inicio de expediente para la reversión de los bienes y la liquidación del contrato de concesión de la gestión del servicio público de abasto de agua en Terrassa otorgado en 1941, y de prórroga forzosa por garantía de la continuidad de la prestación del servicio.

La finalització de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua en mans d'una empresa privada el proper mes de desembre del 2016 és l'oportunitat que té la ciutat de Terrassa per recuperar el govern d'un servei públic com és l'aigua. L'oportunitat de recuperar la gestió d'un dret humà bàsic, d'evitar que sigui un negoci privat i de prioritzar la seva funció social. Un servei que des de 1941, és a dir durant 75 anys, ha estat gestionat per l'empresa privada Mina d'Aigües de Terrassa, actualment en mans del grup empresarial multinacional Agbar.

El pleno municipal de julio ha aprobado la propuesta de resolución conjunta para la defensa del modelo de gestión directa del servicio de suministro del agua de Terrassa. El consenso entre los cuatro grupos, PSC, TeC, ERC-MES y CUP, ha hecho que 20 de 27 regidores den un paso firme para recuperar la gestión de un derecho humano básico, de evitar que sea un negocio privado y de priorizar así su función social.