El pasado jueves el Pleno del Ayuntamiento de Terrassa aprobó el dictamen definitivo de inicio de expediente para la reversión de los bienes y la liquidación del contrato de concesión de la gestión del servicio público de abasto de agua en Terrassa otorgado en 1941, y de prórroga forzosa por garantía de la continuidad de la prestación del servicio. Cómo que ha sido un tema de actualidad esta semana y creemos que será un tema clave de este mandato y del futuro de la ciudad, desde Terrassa en común queremos hacer algunas aclaraciones para dejar de nuevo claro nuestro posicionamiento ante el ruido que se está intentando generar.

En primer lugar, tendríamos que considerar que nos encontramos en una situación relativamente ordinaria cómo es la finalización de la concesión de la gestión de un servicio, ante la cual toda administración tiene que liquidarla y decidir de qué manera quiere continuar gestionando el servicio. Por lo tanto, nada extraño, más bien el contrario, un Ayuntamiento cumpliendo con sus responsabilidades.

El problema aparece cuando la actual empresa concesionaria, Mina de Aigües de Terrassa (de la cual forma parte la multinacional Agbar), decide no reconocer la titularidad pública del servicio y negarse a cumplir con sus obligaciones legales, como es facilitar toda la información que le requiere el titular del servicio, el Ayuntamiento de Terrassa, e inicia una campaña mediática y jurídica con el objetivo de entorpecer el proceso de liquidación de la concesión, evitar que el Ayuntamiento pueda decidir la implementación de un nuevo modelo de gestión y así poder garantizar su continuidad. De este modo, lo que Mina está negando en el fondo es la soberanía del Ayuntamiento de Terrassa para decidir de manera libre cómo quiere gobernar un bien público y un derecho humano imprescindible para la vida, como es el agua. Recordamos que esta actitud impresentable de Mina ha motivado un acuerdo unánime del Pleno para rechazar la posición del concesionario, de no aceptar la autoridad municipal y judicializar las decisiones, y para exigir que cumpla con sus obligaciones.

Para garantizar su continuidad Mina ha propuesto la creación, de manera pactada, de una empresa mixta entre el Ayuntamiento de Terrassa y ella misma, está claro. No hay que ser ningún experto para entender que se trata de una propuesta irregular, puesto que intenta vehicular por la vía del "pacto" aquello que se tendría que realizar vía concurso público. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro que el que Mina está defendiendo no es el modelo gestión mixta, cuestión que sería legítima y comprensible, sino su continuidad.

Además, esta semana nos hemos encontrado con algunas declaraciones públicas de determinadas personas significadas de la ciudad, como el Sr. Manel Royes alcalde de Terrassa del 1979 al 2002, o entidades como CECOT y Cambra de Comerço (por cierto, presidida por la misma persona que preside Mina) apoyando esta misma propuesta que garantice la continuidad del actual concesionaria. Se trata de la demostración que durante las últimas décadas en Terrassa se ha ido construyendo un escenario en el cual determinados poderes fácticos actúan de "tapón" anteponiendo intereses privados a colectivos. Que han sido 36 años de gobierno del PSC, y personas como el ex alcalde Royes, los que han permitido e incluso impulsado que estos tapones tuvieran un papel clave sobre gobernabilidad de la ciudad y que incluso impusieran decisiones de gobierno a favor de sus intereses por encima del interés general. En este sentido, el artículo del Sr. Royes parece más bien una confesión de todo el que ha permitido en favor de una empresa privada como Mina y seguramente todo el que le debe de él personalmente en estos momentos. La promiscuidad entre los gobiernos del PSC y los intereses de los tapones es tan obscena que incluso se atreve a proponer una irregularidad como seria que el Ayuntamiento llegara a un acuerdo con Mina para garantizar su continuidad. Hecho que nos trae a pensar que así es como se ha gobernado esta ciudad durante 36 años.

Por lo tanto, nos encontramos en un momento clave para determinar si el Ayuntamiento prefiere que continúen mandando antidemocráticamente determinados intereses privados de la ciudad o quiere ejercer su soberanía. Desde Terrassa en Comú creemos que es la hora de cambiar. Es la hora de levantar tapones y es devolver el Ayuntamiento a la gente. Y creemos que será posible por qué en estos momentos ya existe una mayoría política a favor de la gestión directo del agua y por qué el Ayuntamiento de Terrassa dispone de un conjunto de servicios técnicos preparados y con capacidad para avanzar de manera ágil y con enorme rigor técnico y jurídico. Y además existe sociedad civil organizada que a través de la Mesa del agua, pusieron el debate público del agua a la agenda ya hace 2 años y trabajan incansablemente por qué la gestión del agua deje de ser un negocio.

Nosotros continuaremos defendiendo la soberanía del Ayuntamiento y priorizando las necesidades de la gente por encima de los intereses particulares de los "tapones". Si el alcalde Jordi Ballart quiere romper con la tradición de una manera de gobernar del PSC y mantiene la decisión de defender los intereses comunes de la ciudadanía por encima de los intereses privados de los "tapones", que no lo dude, nos tendrá a su lado para defender a la gente.

Desde Terrassa en Comú queremos dejar claro que para nosotros no hay marcha atrás, 20 de 27 regidores de nuestro Ayuntamiento apuestan de forma clara, inequívoca y sin fisuras por una nueva etapa en la gestión de un bien básico como el agua, y esta nueva etapa será la de la gestión directa y la transparencia. Conscientes de la complejidad de este escenario desde Terrassa en Comú estamos dispuestos a arremangarnos y hacer todo aquello que sea necesario para garantizar que este proceso evolucione y culmine con las máximas garantías, y para que se produzca el cambio que Terrassa necesita urgentemente, tal como nos comprometimos durante la campaña.


Xavi Matilla
Portavoz Grup Municipal de Terrassa en Comú