Terrassa En Comú ha hecho rueda de prensa para presentar el acuerdo de Junta de Portavoces que traerá al Pleno del mes de junio para instar el alcalde a pedir en nombre del Ayuntamiento de Terrassa la inmediata derogación de la LRSAL. “Pedimos que en un tema tan trascendental como este, el alcalde se manifieste públicamente, cosa que hasta ahora no ha hecho. El Ayuntamiento de Terrassa es uno de los más importantes de Cataluña y tendría que ser uno de los que presione y ponga este tema sobre la mesa” ha comentado el regidor de TeC, Xavi Martínez.

Ahora hace casi dos años, a la Junta de Portavoces de octubre de 2016 Terrassa en común presentó un acuerdo de junta de portavoces para apoyar a la proposición de Ley para derogar la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), más conocida como Ley Montoro. Una ley que ha supuesto un recorte competencial sin precedentes y un importante retroceso sobre los servicios que prestan las corporaciones locales y un grave ataque a la autonomía municipal. El acuerdo de octubre de 2016 fue aprobado por mayoría, con los votos a favor de Tec, PSC, ERC y CUP (20), los votos en contra de PP y C’s (4) y la abstención de CIU (3).

Uno de los supuestos objetivos de la LRSAL consistía en “garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.Un objetivo sin sentido desde el mismo momento en que se formuló. Sólo hay que conocer algunos datos para entender la dimensión del recorte y las consecuencias que ya ha tenido esta ley en los servicios públicos locales. Los Gobiernos locales del conjunto del Estado suponen un porcentaje de deuda pública casi insignificante, siendo menos del 5% del total. En cuanto al déficit de las administraciones públicas, las corporaciones locales cerraron 2014 con un superávit en sus cuentas públicas del 0,5% del PIB. Esta situación se repitió en 2015 con un superávit del 0,44%, frente al déficit del 1,66% de las autonomías y del 2,15% de la Administración central.

El actual mandato, los dos alcaldes que han sido delante el gobierno municipal se han manifestado de forma reiterada en contra de la LRSAL, pidiendo su derogación por la estrangulamiento y la falta de libertad para poder gastar el dinero en aquello que la ciudad necesita, haciendo bandera de las injusticias de estas con los ayuntamientos.

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