Terrassa En Comú ha presentado propuesta de resolución para el Pleno Municipal del mes de mayo para la creación de un Observatorio de la contratación al Ayuntamiento de Terrassa.

Nuestro Ayuntamiento tiene
134 contrataciones externas de servicios (si contamos las adjudicaciones de servicio mediante procedimiento abierto y procedimiento negociado). Podemos constatar que en Terrassa el abuso de esta práctica ha pervertido el mecanismo, convirtiéndolo en una cultura política que entiende las externalizaciones como un mecanismo para ahorrarse dinero, considerando el servicio como un problema que se ahorra. Esta cultura de la externalización ha generado una situación el objetivo de la cual es ahorrar gasto por parte del titular del servicio, provocando una precarización laboral de las personas que trabajan, así como una opacidad en la gestión del servicio por la pérdida del control y del conocimiento de las condiciones en que se está prestando.

Ejemplos de esta situación son el
servicio de abasto de agua, el servicio de limpieza de los edificios municipales o el servicio de comedores de las escuelas como el más grave y significativo. En el momento de aprobar la adjudicación ya alertamos desde TeC del grave riesgo de precarización en que podía caer el servicio, ya que entendíamos que la oferta ganadora lo hacía gracias a una baja económica que considerábamos temeraria. Y el riesgo se ha convertido en realidad. Por un lado la empresa durante la vigencia de la concesión ha modificado el convenio laboral mediante el cual se regulaban las condiciones laborales de las monitores pasando de un convenio del marco de la Restauración a uno del ocio, hecho que ha comportado una significativa pérdida de derechos laborales de las monitores. Por otro lado, personas del mismo servicio y usuarias diversas de la comunidad educativa explican y confirman que la cantidad de comida servida ha sido claramente racionalizada y que existen casos en que los niños y niños se quedan con hambre por la escasez de comida. Lo más grave de la situación es que desde el equipo de gobierno municipal y específicamente el responsable político Alfredo Vega, cuando se les ha preguntado no tenían ningún tipo de conocimiento de la situación y todavía peor han llegado a negarla.

Estas
134 contrataciones externas suponen un presupuesto de licitación de unos 27Meur; de entre ellas 6 superan el millón de euros (Suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento y para sus organismos autónomos y sociedades municipales (4.400.110,75€), Servicio de Atención Domiciliaria (3.797.233,98), Limpieza edificios municipales (2.882.000€), Projecte TEI (2.020.681,15€), Mantenimiento de zonas verdes (1.764.186€) y Servicios de comedores del PAME (1.080.590€).

Ante esta realidad el Ayuntamiento se encuentra con
dos problemáticas: el primero el procedimiento mediante los cuales el equipo de gobierno decide qué se puede gestionar de manera directa y qué es conveniente concesionar y con qué condiciones. El segundo es que una vez concesionados qué mecanismos existen para hacer el seguimiento del cumplimiento de las cláusulas establecidas.

A lo largo de estos años de mandato ha habido
dos propuestas que han trabajado este tema. La primera presentada por la CUP el mes de julio de 2016 para la creación de una Comisión técnica, un espacio para deliberar y ponderar los criterios para decidir el modelo de gestión de los varios servicios. Un hecho positivo, pero creemos que se tiene que definir con mayor claridad sus objetivos y funciones, sistematizar y programar su funcionamiento, estableciendo una coordinación efectiva con los diferentes servicios técnicos. La segunda en julio de 2017 a propuesta de CUP, ERC-MES y TeC para implementar un servicio de control y seguimiento de la calidad de los servicios públicos gestionados de forma indirecta de acuerdo con determinados indicadores, al área de Servicios Generales y Gobierno abierto. Una propuesta de la que a estas alturas no tenemos ninguna noticia.

La propuesta presentada continúa en la línea de las dos acciones pidiendo la
redacción en el plazo de un mes un reglamento de la Comisión Técnica de Contratación en el que se definan entre otros, funciones, composición y funcionamiento, y un calendario de su actividad. Un segundo acuerdo pide crear en el plazo de 3 meses el Observatorio de la Contratación pública del Ayuntamiento de Terrassa como un órgano consultivo. Un Observatorio que tiene que conocer el conjunto de contrataciones vigentes, incluidos los contratos programa con las empresas municipales, e informar de todas las incidencias que se produzcan en su desarrollo; tiene que redactar informes sobre la gestión y seguimiento de las concesiones; elaborar un informe anual, así como habilitar los mecanismos necesarios que permitan a la ciudadanía aportar información respecto al funcionamiento de los servicios contratado, entre otras funciones.