En el Pleno Municipal del mes de marzo hemos presentado un segundo Acuerdo de Junta de Portavoces centrado en el despliegue de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Un acuerdo donde instamos al Departament de Treball, Afers Socials i Família a realizar un ejercicio de transparencia en la gestión y a informar en tiempo y forma tanto a la Comisión promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía como a las entidades municipalistas, haciendo públicos los datos y el estado de la situación del despliegue.

Tenemos que recordar que la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía, impulsada desde la ciudadanía y los movimientos y entidades sociales, recibió el aval de más de 120.000 personas, catalanes y catalanas que con sus firmas posibilitaron que se tomara a consideración al Parlamento. Fue defendida por el portavoz de la Comisión promotora en el hemiciclo, el 26 de marzo de 2014. A lo largo del 2016 y 2017 numerosos ayuntamientos de Catalunya apoyaron en la Declaración a la ciudadanía de Catalunya: urge el derecho a la renta garantizada de ciudadanía para superar la pobreza en Catalunya, elaborado por la Comisión Renta Garantizada y firmada por multitud de alcaldes y alcaldesas de nuestro país, entre ellos el nuestro. Después de años de debates, superando dificultades y trabas en el marco del Parlamento, fue finalmente aprobada el 12 de julio de 2017, gracias al acuerdo de todos los grupos.

En cuanto a nuestro Ayuntamiento, el acuerdo pide el compromiso a que realicen tareas de información, apoyo y divulgación de los requisitos para poder acceder a la prestación. Una prestación que pedimos que se aplique sin carácter restrictivo así como la creación de la Comisión de Gobierno de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la elaboración y aprobación de el decreto de reglamento que tiene que desarrollarla. 

La aprobación el 2017 ha supuesto sin duda en términos sociales, un adelanto y jurídicamente un nuevo derecho social de las personas. Una prestación económica para hacer frente a la pobreza, un instrumento de primera magnitud para acabar con la desigualdad en Catalunya. Y obliga a la Generalitat de Cataluña a iniciar el despliegue y a dotarla de presupuesto.