El lunes 9 de abril Terrassa en Comú presentó la propuesta de resolución que llevará al próximo pleno de abril para la ampliación del parque público de viviendas de alquiler, dada nuestra preocupación por el gran número de personas y familias de nuestra ciudad que no pueden acceder a una vivienda en condiciones dignas o muchas otros que tienen que destinar una parte muy elevada de sus ingresos para poder acceder a un alquiler de mercado, actualmente afectado por la burbuja de alquileres. Nuestra propuesta a su acuerdo 5º especificcaba:
Aplicar de forma urgente los artículos de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las familias en riesgo de exclusión residencial. Las que el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión, en concreto, a la expropiación de uso de 4 a 10 años de las viviendas vacíos inscritos al registro de pisos vacíos de la Generalitat (artículo 15) y la expropiación del uso por 3 años de las viviendas de las familias excluidas que firman daciones en pago (artículo 17).”


El día 11 de abril hemos sabido que el Ayuntamiento de Barcelona retoma los expedientes por la expropiación temporal de cinco viviendas, después de que el miércoles 28 de marzo el Tribunal Constitucional levantó la suspensión temporal.


Nos encontramos ante un punto de inflexión que abre la puerta a la posibilidad de aumentar el parque social de viviendas asequibles de alquiler para atender las necesidades de las personas en situación de más vulnerabilidad y ante el cual el Ayuntamiento de Terrassa no tendría que perder ni un minuto en su aplicación. Estos procedimientos de expropiación pueden concluir si se llega a un acuerdo para la cesión convencional del uso de la vivienda a una administración pública porque establezca un alquiler social, siempre que el acuerdo se subscriba en un plazo de tres meses. El acuerdo de inicio del expediente trae implícita la declaración de ocupación urgente y las entidades financieras disponen de un plazo de 15 días para presentar alegaciones.

No queremos dejar de recordar que en Terrassa existen en 4.000 y 5.000 viviendas vacíos propiedad de entidades financieras y que tenemos 3.655 tarrasenses inscritos para acceder a una vivienda de protección oficial y un número importante de familias que se han presentado a la Mesa de valoración y fondo de viviendas de alquiler social en situaciones especiales y de emergencia que cumplen con los requisitos y, por lo tanto, está aprobada su solicitud y están pendientes de adjudicación por la carencia de viviendas de alquiler social del Ayuntamiento.


Tenemos las herramientas, la oportunidad y exigimos la voluntad política para buscar propuestas diferentes para crear una ciudad donde todas podamos vivir en condiciones de bienestar, con garantías de acceso a la vivienda dignas, así como, a los suministros básicos inherentes al mismo.